El caso se inició a partir de una denuncia anónima a través de la línea 145. Como suele pasar en este tipo de situaciones, un padre disgustado con la elección de vida religiosa de su hijo adulto, apoyado por una narrativa antisectas, utiliza los poderes coercitivos del Estado en un intento de forzar una disvinculación con el grupo. 

Así fue que un ciudadano identificado como «González» expresó preocupación por la situación de su hija adulta, con quien supuestamente no podía comunicarse libremente desde que se había radicado en un campo religioso. Esta denuncia inicial desencadenó una investigación por parte de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), que formuló una denuncia formal y sugirió una serie de medidas investigativas.

La Fiscalía de Concordia propuso diversas acciones, incluyendo intervenciones telefónicas y designación de agentes reveladores, que eventualmente llevaron a la realización de siete allanamientos simultáneos el 1 de septiembre de 2022. El objetivo principal fue un predio rural conocido como «Campo ITI Jerusalén» ubicado en El Redomón, departamento de Concordia, provincia de Entre Ríos.

Los imputados en la causa fueron un pastor evangélico, Sergio Zigler (54 años); su esposa Mónica M. (58 años), conocida como «La Pastora»; y Ana T. (46 años), apodada «Anita». Se les acusó formalmente del delito de «trata de personas con fines de explotación laboral, agravado por la situación de vulnerabilidad y la cantidad de las víctimas, por ser el sujeto activo un ministro de culto, por haberse consumado la explotación, por contar con víctimas menores de edad y por configurar el delito de reducción a la servidumbre».

Como se ha expuesto en el artículo sobre el caso judicial de Cómo Vivir Por Fe, la PROTEX había sido previamente «capacitada» con la ideología antisectas por Pablo Salum (promotor de la «ley antisectas»). Esta ideología se basa en una visión fundamentalmente negativa y desconfiada hacia los nuevos movimientos religiosos y grupos minoritarios, etiquetándolos peyorativamente como «sectas» y «organizaciones coercitivas». 

Una vez etiquetados, se utiliza una teoría pseudocientífica («el lavado de cerebro» o «persuasión coercitiva») que asume que dichos grupos emplean técnicas de manipulación psicológica para controlar a sus miembros, los cuales son presentados como víctimas incapaces de tomar decisiones libres. En esencia, la ideología antisectas promueve un prejuicio sistemático contra la diversidad religiosa, buscando activamente desacreditar y desmantelar aquellos grupos que no se ajustan a sus estrechos criterios de «normalidad» religiosa, particularmente en casos en los que existen personas disgustadas con la elección religiosa o espiritual de algún pariente.

Aprovechándose del sensacionalismo que tal ideología fomenta, los medios de comunicación salieron a denunciar al grupo como «la secta del horror», especulando sobre lo que se hacía y las motivaciones de los imputados, dando por sentado que eran culpables, sin el mínimo esfuerzo de cuestionar la acusación y la narrativa sesgada que representaba, incluso cuando los vecinos entrevistados decían que el grupo no hacía nada sospechoso. 

Pablo Salum de Ley Antisectas se sumó a las voces críticas y también etiquetó al grupo como «secta» y «organización coercitiva», apoyando el accionar de las autoridades. En el mismo video donde acusa al grupo, Pablo Salum declaró que el 75% de los cultos legalmente registrados en la Argentina deberían considerarse organizaciones criminales y presuntamente ser perseguidos de la misma manera por las autoridades. 

Juan Sebastián Podhainy, representante del Ministerio Público Fiscal, analizó detalladamente las evidencias y los elementos del tipo penal imputado y concluyó que no se configuraba una situación de explotación laboral. 

Se demostró que las actividades económicas como la feria «La Esperanza» y la producción avícola no generaban beneficios particulares para los imputados sino que servían para el sustento comunitario.

El fiscal concluyó que, en realidad, las actividades desarrolladas en el campo constituían un «voluntariado social, destinado al bien común y reglado en la Ley 25.855». Las labores realizadas tenían «tinte social y religioso, de servicio a la comunidad, sin ningún tipo de rédito o miras económicas para las personas que allí vivían.»

Esta interpretación fue respaldada por jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, específicamente el precedente «CORRECHER GIL, DOLORES C/ REMAR Argentina Asoc. Civil s/ despido» del 24/4/18, donde el alto tribunal señaló que en el trabajo voluntario no hay subordinación.

Otro factor en común con otros casos similares es que ninguna de las supuestas víctimas decía ser víctima. Al contrario, todas decían que sus vidas habían mejorado y estaban felices siendo parte del grupo. Sin embargo, decían que sus vidas fueron perjudicadas, no por los imputados, sino por las falsas acusaciones en su contra y el accionar de las mismas autoridades que supuestamente las querían rescatar. 

Las «víctimas» se quejaron de que no solo las habían asustado y maltratado con el procedimiento del allanamiento, sino que las habían sacado de un lugar donde habían estado viviendo felices y cómodas, solo para luego dejarlas a su propia suerte una vez que las autoridades habían tomado sus declaraciones testimoniales. Agregaron que las entidades gubernamentales no volvieron a contacarlas para brindarles ayuda o siquiera para preguntarles cómo estaban, sugiriendo que no había un genuino interés por ayudar a las «víctimas». 

Más grave aún, testificaron que las psicólogas pertenecientes a la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Víctimas de Trata no solo desestimaron lo que las supuestas víctimas les decían, sino que las psicólogas incluso refutaban lo que ellas contaban y las presionaban a tomar una postura diferente y en contra de los imputados.

Cuando las psicólogas dieron testimonio de cómo habían llevado a cabo sus «pericias» y el porqué de sus conclusiones, argumentaron que creyeron que las «víctimas» fueron «aleccionadas» (instruídas en lo que debían decir) debido a que algunas usaban frases similares relacionadas a temas reliogosos. 

Sin embargo, el juez concluyó que las psicólogas parecían sufrir de un «vicio profesional» en la que hacían interpretaciones sesgadas, creyendo ver en todos los casos un delito cuando no lo había. También señaló que si bien las psicólogas alertaban ver similtudes en las declaraciones de las «víctimas», la mismas psicólogas también usaban frases similares entre ellas que parecían armadas.

Viendo la grave injusticia que se estaba cometiendo, no solo contra los imputados sino contra las mismas personas que las autoridades pretendían rescatar, el juez resaltó las tácticas prejuiciosas de las psicólogas del Estado y pidió que se las investigara por falso testimonio y por direccionar a las supuestas víctimas.

Similar a como ha pasado en otros casos involucrando a PROTEX y la ideología antisectas, el juez remarcó que las mismas psicólogas que argumentaban que estaban ante víctimas vulnerables, no mostraron ningún interés en su bienestar, sino que las abandonaron apenas obtuvieron los «testimonios» que habrían tratado de direccionar para poder culpar a los acusados.

Resaltando las penas fuertes por falso testimonio de parte de peritos, el juez pidió que se estudiara las grabaciones de las entrevistas psicológicas para ver si las acciones de las psicólogas pudieran caber dentro de los delitos mencionados.

El juzgado también resaltó que el resultado de este sesgo fue, paradójicamente, la vulneración de los derechos de las mismas «víctimas» que las autoridades pretendían rescatar:

Se soslayaron los principios liberales de nuestra Constitución, se avasallaron derechos básicos contenidos en la misma, como los enunciados: libertad de asociación, de profesar libremente el culto, derecho a la privacidad, a la elección de vida, a ejercer trabajo voluntario no remunerado, y todo ello posiblemente por una falla inaceptable del sistema previsto, precisamente para evitar abusos de trata, todo ello enancado en prejuicios religiosos inaceptables en un Estado democrático de derecho.